Nos gustaría dar respuesta a las consideraciones del autor a nuestro artículo1.
En cuanto a las dudas sobre los resultados obtenidos en nuestra publicación y la independencia de los autores, quisiéramos expresar que diversas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, como el National Institute for Clinical Excellence, y publicaciones en países donde la anticoagulación con fármacos antivitamina K es de elevada calidad llegan a resultados similares a los nuestros, hecho de gran importancia en la inclusión de dabigatrán en diferentes guías de práctica clínica y en la cartera de prestación de servicios sanitarios de múltiples países de nuestro entorno.
El coste utilizado para la monitorización de la razón internacional normalizada se ha obtenido de un estudio realizado por el Institut Català de la Salut2, y se ha realizado un análisis de sensibilidad que modificaba este coste sin cambios en los resultados.
La evaluación de costes que presenta el autor es incompleta3; entre otros elementos, no considera el coste completo de los tratamientos al no incluir el coste de los eventos y de los recursos consumidos (ictus, hemorragias, rehabilitación y seguimiento en caso de dependencia). Sólo cabría un ejercicio de este tipo ante tratamientos de iguales eficacia y seguridad, y se debería emplear una metodología de minimización de costes.
El autor opina que los estudios de coste-efectividad han de realizarlos organismos independientes y no las compañías farmacéuticas. Lo crítico es que la evaluación económica de tecnologías sanitarias deben hacerla todos los agentes involucrados, incluidos los laboratorios farmacéuticos, de manera rigurosa y estandarizada. Este es un proceso complejo en constante desarrollo, liderado por autores y organismos científicos relevantes, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, y reflejado en las guías de las agencias de evaluación internacionales utilizadas como referentes por los sistemas nacionales de salud y los laboratorios farmacéuticos en general.
Quisiéramos concluir diciendo que diversas afirmaciones del autor se basan en impresiones subjetivas, adolecen de una evaluación económica incompleta y sin contrastar con resultados disponibles en países de nuestro entorno, que son muy similares a los nuestros.
Conflicto de interesesNuria González-Rojas es empleada de Boehringer Ingelheim.